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Policiales

Domingo, 09 de marzo de 2014

Las luces y las sombras del nuevo sistema de enjuiciamiento penal vigente en la provincia

Primer mes de un cambio trascendente. El flamante sistema oral y público se muestra transparente y rápido, aunque falto de recursos y con cuestiones de fondo por definir.

 

El nuevo ordenamiento reemplazó el 10 de febrero a un obsoleto sistema escrito. El nuevo ordenamiento reemplazó el 10 de febrero a un obsoleto sistema escrito.

Si bien es poco el tiempo transcurrido, en el primer mes del nuevo sistema de enjuiciamiento penal en la provincia se pudieron observar los claros y oscuros que el profundo e histórico cambio ha dejado al desnudo. El nuevo ordenamiento reemplazó el 10 de febrero a un obsoleto sistema escrito, un procedimiento inquisitivo que convertía a Santa Fe en el único estado latinoamericano en conservar ese esquema.

 

En poco tiempo demostró sus méritos en lo que se considera la médula de la reforma: audiencias orales y públicas en las que sospechosos de haber cometido un delito fueron puesto con inmediatez (no más de 48 horas desde la detención) ante un fiscal, quien ahora es el encargado de conducir la investigación, con la asistencia de un defensor público o privado, y un juez que decide sobre la marcha. En media hora se resolvieron situaciones que con el viejo sistema podían prolongarse un par de años.

 

Y en las audiencias se observó cuál fue la actuación de la policía, qué asidero tenían los planteos de las partes y cuál era la envergadura de la prueba.

 

Entre las sombras, la voces críticas que afloran en los pasillos de los Tribunales apuntan a los escasos recursos humanos y materiales con que cuentan las fiscalías, que por su rol protagónico en el sistema han quedado al límite del desborde por una dinámica delictiva en ascenso y la escalada inédita de homicidios dolosos.

 

También se escuchó, tal lo reflejado por este diario el jueves, la queja de los abogados particulares por una menor intervención en las causas. Por si fuera poco, algunos de los actores del nuevo sistema sufrieron en carne propia conflictivas realidades sociales a las que antes accedían leyendo las declaraciones apiñadas en fojas de los expedientes. Es que la calle suele tener dinámicas que son intransferibles al papel.

 

Lo nuevo y lo viejo

El lunes 10 de febrero la forma de investigar y enjuiciar los ilícitos en territorio santafesino se modificó. La reforma que se empezó a delinear allá por el 2005 reemplazó un esquema inquisitivo por uno acusatorio dominado por una visible puja de partes. Ese juego entre fiscales y defensores como conductores del proceso, con un juez imparcial que define el conflicto, también quedó claro en las audiencias. El cambio ubicó a los jueces en un rol más definido que cuando estaban al frente de juzgados de Instrucción y, al mismo tiempo, debían investigar como un fiscal y resolver desde una pretendida imparcialidad sin descuidar las garantías. Esos roles ahora están más definidos: uno acusa, uno defiende, otro resuelve. Todo a la vista de quien quiera ver.

 

Las causas en trámite anteriores al 10 de febrero quedaron dentro de un "sistema conclusional" a cargo de una dotación reducida de funcionarios que deberán ir resolviendo o archivando expedientes. Y los juzgados de Menores quedaron atados al viejo sistema escrito.

 

Las virtudes enunciadas ante el cambio de modalidad —transparencia, celeridad e inmediatez— se pudieron constatar sobre el terreno en las audiencias públicas y orales. Quedó de manifiesto la posibilidad de acceso a los casos penales por parte de ciudadanos que antes quedaban fuera del conflicto penal tramitado por escrito y puertas adentro de los despachos.

 

Casos testigos

La rapidez para resolver casos que en el viejo sistema hubieran llevado meses u años se patentizó en dos casos testigos. El primero fue el de Irma K., una mujer de 77 años que la madrugada del 17 de febrero mató de un balazo a Oscar Alberto Muñoz, de 26 años, quien había entrado a su vivienda de Centeno al 100 para robar. En una semana la mujer fue sobreseída por el juez Javier Beltramone al considerar que actuó en legítima defensa. Fue el primer caso cerrado.

 

El otro fue el proceso abreviado en el que Alberto Omar Gutiérrez, de 27 años, fue sentenciado a 3 años y 8 meses de prisión tras haber asaltado una estación de servicios en Arroyo Seco. Según la acusación, a cargo de la fiscal adjunta Georgina Pairola, Gutiérrez junto a tres compinches armados robaron al playero y a once personas que estaban en el minimarket. La policía los detuvo en el lugar. Veinticuatro días después el juez Gonzalo López Quintana convalidó el juicio abreviado. Y como Gutiérrez tenía cuentas pendientes con la Justicia su condena se elevó a 7 años y 8 meses.

 

Problemas de recursos

Entre las cuestiones que quedan por mejorar, o quizás aceitar, está la sobreexigencia del cuerpo de fiscales, que se visualiza como insuficiente para afrontar delitos complejos y, a la vez, participar de audiencias, ir al lugar de los hechos, conducir la pesquisa, negociar con la contraparte, garantizar las investigaciones y muchas veces, tomar declaraciones. Prueba de eso es que la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios (9 funcionarios) tuvo en este primer mes 30 homicidios, diez de ellos la primera semana, además de suicidios y muertes dudosas. Y encima hay una prensa hambrienta y desacostumbrada a la nueva dinámica.

 

Otro detalle visualizado es la agresividad que los fiscales sufrieron en distintas escenas criminales, algo que los llevó a ceñirse al protocolo que no los obliga a ir al lugar si no están dadas las condiciones mínimas de seguridad física. Y no hay que perder de vista que un sector de la policía decidió dejar que los fiscales hagan sin su apoyo. "Ellos dicen que toda la policía es corrupta. Ahora que se curtan", sentenció un oficial de la fuerza.

 

Lo que queda

Otro aspecto a tener en la mira es el futuro del "sistema conclusional", como se denomina al remanente de causas escritas. Pocos jueces que van absorbiendo expedientes en marcha con menos personal. Muchas de estas investigaciones sobre redes delictivas complejas y asesinatos no esclarecidos. Deben cerrar miles de causa "con 6 mil personas privadas de la libertad dentro de un sistema en el cual su defensa va a seguir en manos del Procurador, lo cual es un disparate monumental que nosotros no vamos a poder cubrir", tal cual indicó el defensor público general de la provincia, Gabriel Ganón.

 

Finalmente hay discusiones a saldar. La planteada por los defensores particulares que recriminan que gran parte del trabajo recaiga sobre la defensa pública; y la de la defensoría pública respecto a quién está facultado a detener en esta nueva distribución de roles. Hasta ahora, el criterio de la Cámara Penal fue convalidar esa atribución a los fiscales.

 

Fuente: La Capital / Por María Laura Cicerchia, Leo Graciarena, Eduardo Caniglia y Sergio M. Naymark.

 

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